La Comisión de Libertades e Informática (CLI) cree que la nueva Ley, aprobada por el Congreso de España, y que permite el uso de la firma para realizar transacciones en la red, afectará a la protección de datos personales, el derecho a la intimidad, la seguridad de las comunicaciones y el tráfico comercial, y la seguridad jurídica.
Para la CLI, el proyecto de Ley -que superó ayer en el Congreso el último trámite parlamentario previo a su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’- supondrá, no obstante, un “avance incuestionable” siempre que logre ser un instrumento “eficaz y útil” para la sociedad.
Según esta plataforma, integrada por asociaciones de consumidores y usuarios, jueces, en favor de los derechos humanos, empresas de marketing directo, técnicos informáticos y los sindicatos CC.OO. y UGT, el principal riesgo de la firma digital es que sea un factor de marginación de sectores sociales que no puedan tener las mismas facilidades de acceso a tal medio.
La CLI, que presentó antes del verano sus propuestas al proyecto del Gobierno, reconoció que el debate parlamentario ha mejorado “ostensiblemente” en el respeto del derecho a la protección de datos personales y a la intimidad, pero el Partido Popular no ha considerado oportuno la creación de una autoridad de control independiente que vele por ellos.
En cuanto a los aspectos más polémicos del texto, este colectivo criticó que se “despache” la regulación del DNI electrónico “en dos artículos” cuando -en su criterio- requeriría de una ley orgánica específica “por afectar directamente a derechos fundamentales”, así como la ausencia del principio de no repudio para los certificados digitales de cualquier administración pública.
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